El fin de semana se llevó a cabo una serie de manifestaciones en contra del proyecto de Ley C-51 en 55 ciudades de todo Canadá. Más de cien mil personas se unieron al repudio de este proyecto de ley que el gobierno llama “anti-terror” y que los opositores denominan como “anti libertad y anti derechos humanos”.
Los manifestantes se unieron a más de cien profesores de leyes, cuatro ex Primer Ministros de Canadá, cinco ex Jueces de la Corte Suprema de Justicia, decenas de diputados federales y el ex jefe de los mismos servicios de inteligencia del país. Pareciera que los únicos que están de acuerdo con esta propuesta son el Primer Ministro Stephen Harper y su gabinete de gobierno.
El problema que tiene la Ley C-51 es que legaliza la perdida de la mayoría de los derechos humanos garantizados en la constitución a través de la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Ciudadanos. De hecho, de ser aprobada esta legislación, quedarían prácticamente de lado derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la de asociación.
De acuerdo a los abogados de Derechos Humanos Clayton Ruby y Nader Hasan en su análisis legal del proyecto de ley: “esta ley le daría mayor poder a las agencias de espionaje canadienses, los canadienses podrían ser arrestados por sospechas de que cometerían delitos en un futuro, le daría el poder al Ministro de Seguridad Pública de poner a canadienses en la ‘no-fly list con pocas posibilidades de apelación, y creará una nueva ley que convertirá en delito el hablar si se considera que es para promover o abogar el terrorismo”.
El gobierno plantea por su parte que esta es solamente una ley que busca controlar el terrorismo. Pero al estudiarla detenidamente queda claro de que en realidad va mucho más allá, dado que la intención es darle carta blanca a los servicios de inteligencia y de espionaje para que vigilen y detengan a cualquier persona de la cual tengan sospecha, fundada o no, de que podría estar planeando un acto terrorista.
La ley no dice que solamente se va a poder arrestar personas que efectivamente hayan cometido algún delito, sino que pueden ser detenidas por el simple hecho de que el gobierno crea que en un futuro esta persona pudiera llegar a cometer alguno.
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Uno de los puntos preocupantes es el hecho de que la Ley de Privacidad va a quedar anulada. En este momento, para que los departamentos gubernamentales puedan compartir información sobre una persona en particular, tiene que haber una autorización escrita del individuo, pero con esta nueva ley eso ya no va a ser necesario y lo que va a suceder es que 17 departamentos del gobierno van a poder intercambiar información de los ciudadanos sin que estos tengan idea de lo que está sucediendo.
En la comunidad he escuchado a muchas personas que creen que esta nueva legislación no les va a afectar porque ellos son buenos ciudadanos y no se van a meter en problemas y mucho menos en actos terroristas. Pero la realidad es que ciertamente de ser aprobada va a tener implicaciones serias para cualquier grupo étnico, no solamente para los grupos que en estos momentos están siendo etiquetados como extremistas.
Por ejemplo, si esta ley es aprobada y una noche hay un grupo de jóvenes latinos parados en una esquina hablando de cualquier cosa, y los servicios de inteligencia asumen que estos jóvenes podrían estar planeando algún acto terrorista, los pueden arrestar.
Las estadísticas muestran que en Canadá ha muerto solamente una persona en un acto terrorista este año, pero que anualmente mueren diez personas a causa de un rayo, lo que significa que las posibilidades de que haya actos terroristas dentro de Canadá son muy pocas como para justificar la perdida de la privacidad, de la tranquilidad y de los derechos humanos.
Además, según los juristas canadienses, esta ley no va solamente en contra de la constitución del país sino que también va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Canadá es signatario.
En la manifestación en Toronto el fin de semana, una de las oradoras dijo que ella nunca antes había encontrado algo positivo en el gobierno de Stephen Harper, pero que por primera vez tenía que agradecerle porque había logrado unir a ex Primer Ministros de diversos partidos políticos, ex Jueces de la Corte Suprema, y a todos los medios de comunicación de Canadá a fin de crear una oposición sólida en contra de este proyecto de Ley C-51.
Otro de los oradores explicó que la mayoría de análisis de la citada legislación son negativos y que llegan a la misma conclusión: que estas medidas no son necesarias porque las leyes que tiene Canadá en este momento son suficientes para controlar el terrorismo dentro del país. Además, planteó que en la Ley C-51 no se establece el elemento de supervisión a los servicios de inteligencia, lo cual es muy peligroso.
En el marco de esta nueva legislación va a haber también cambios en el Acta de Inmigración y Refugio del país. Por ejemplo, le va a permitir al gobierno presentar una demanda de un certificado de remoción declarando a una persona como peligro para la sociedad canadiense, sin tener que entregarle al juez ningún tipo de razones sobre cómo fue obtenida la evidencia para llegar al fallo, incluyendo si fue por medio de tortura.
Estas son realmente medidas draconianas, las cuales me hace recordar las situaciones que vivieron muchos inmigrantes latino-canadienses en sus países de origen durante las dictaduras. Pareciera que lo que se está tratando de hacer en Canadá es lo mismo que en su momento hicieron las dictaduras en los países de América Latina.
Ante esta situación, la comunidad inmigrante opuesta a esta propuesta de ley debe ponerse en contacto con sus diputados federales y hacerles saber que están en contra de la Ley C-51. Sobre todo este año en que sabemos que habrá elecciones en octubre, es importante que el gobierno sepa que la gran mayoría de canadienses no está de acuerdo con esta nueva legislación.
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