TORONTO. El viernes de la semana pasada iba conduciendo camino a la frontera con Estados Unidos, cuando escuché un reporte en la radio acerca de la disminución de la incidencia del crimen en Canadá. La noticia planteaba que según reportes de Estadísticas Canadá la incidencia del crimen en el país está disminuyendo anualmente y que el año pasado llegó al nivel más bajo de los últimos 30 años.
El reportero estaba entrevistando al sociólogo Ron Levi, profesor del Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto, y éste hablaba de las razones para la disminución de la incidencia del crimen. Explicó varias razones, y en un momento dijo que Canadá es un país de nuevos inmigrantes y que la inmigración juega un papel importante en esta disminución en la incidencia del crimen.
Esto me llamó mucho la atención puesto que la mayoría de las veces que los medios de comunicación informan acerca de crímenes, hacen énfasis en la nacionalidad de la persona que cometió el delito, particularmente cuando se trata de un inmigrante o un indocumentado. Y cuando esto sucede, el lector se queda con la falsa idea de que los inmigrantes son responsables por la mayoría de los delitos cometidos en el país.
El Departamento de Inmigración, por su parte, también en los últimos años ha hecho mucho énfasis en la nacionalidad de personas que cometen delitos en Canadá. Pero el profesor Ron Levi y otros académicos han hecho estudios sobre la delincuencia en zonas de nuevos inmigrantes y sus estudios contradicen la creencia popular.
El profesor Levi dice que “la delincuencia y la incidencia de crímenes son más bajos en zonas de nuevos inmigrantes”, y que incluso son un 50% más bajo que la media de las zonas habitadas por inmigrantes ya establecidos. Las razones que da para justificar esta situación, producto de estudios hechos en Toronto y Montreal, son que los nuevos inmigrantes tienen lazos fuertes con sus familias y están comprometidos en asegurarse de que sus hijos tengan una buena educación, así como también que logren establecerse bien y ocupen un buen lugar en la comunidad y en las instituciones públicas.
De acuerdo con el estudio, estos factores no se prestan a que la familia se involucre en comportamientos arriesgados y por tanto los hijos se acostumbran a este modo de vida, por lo que no es probable que se involucren en actos delictivos cuando enfrentan problemas.
El estudio también plantea que una vez que la familia se establece ciertamente hay incidencia de delincuencia, pero deja claro que el promedio es mucho más bajo en los inmigrantes que en el resto de la sociedad canadiense.
Otro de los aspectos que me llamó la atención de la noticia es que ante este tipo de reportes que contienen evidencia contundente de que la incidencia del crimen está disminuyendo, nuestro gobierno continúe con su plan de ley y orden en general. Definitivamente es incomprensible que ante esta información el gobierno continúe construyendo más cárceles y haga cambios draconianos a las leyes.
En esta lógica, ante la información obtenida por Estadísticas Canadá y académicos como el profesor Levi, es incomprensible que el 21 de junio pasado se haya implementado la ley para remover del país con más rapidez a criminales extranjeros. Y “criminales extranjeros” son personas que viven en Canadá, residentes permanentes que han cometido un delito que puede ser grave (como tráfico de drogas, asalto a mano armada o violación), pero que también puede ser un delito menor, como manejar después de haber tomado, robar en un supermercado o pelear en un lugar público.
Dicha ley establece que cualquier delito por el cual una persona podría llegar a recibir hasta diez años de cárcel convierte al residente permanente en un criminal extranjero. No importa si la persona llegó a Canadá siendo un bebé y ahora tiene 30 años, o si la persona acaba de llegar al país. Es decir que puede haber llegado recientemente o pueden haber vivido toda su vida en Canadá y ser producto de la sociedad canadiense, pero el tratamiento que recibirá será el mismo.
En el pasado, cuando un residente permanente cometía un delito se le daba una orden de deportación y automáticamente tenía el derecho de apelar su caso ante la Corte de Apelaciones de Inmigración. Pero luego, en el año 2002, con el cambio a la ley de inmigración hubo una modificación significativa al derecho de apelación que implicó que si una persona recibía una sentencia de dos años o más de cárcel automáticamente perdía el derecho a apelar, y con la perdida de este derecho era deportada.
Sin embargo, el cambio que se implementó en junio hace aún más fácil para el gobierno poder deportar a los residentes permanentes que cometen un delito, dado que le quita el derecho de apelación a cualquier persona que sea encontrada culpable de un transgresión y que reciba seis meses o más de cárcel.
De acuerdo a la noticia que escuché la semana pasada, las estadísticas demuestran que en los últimos 40 años la incidencia de crímenes ha bajado significativamente y que en los últimos dos años ha bajado a un promedio del 3% cada año.
De igual forma, estudios como el del profesor Levi demuestran que los nuevos inmigrantes en su gran mayoría no cometen crímenes, y que una vez establecidos en Canadá el promedio delincuencial de los inmigrantes es un 50% menor que el promedio delincuencial de la sociedad canadiense en general.
Teniendo esto en cuenta, el resultado lógico de estos estudios debería haber sido que la ley de inmigración volviera al pasado y le permitiera a cualquier residente permanente que, una vez cumplida una condena, sin importar el tiempo de encarcelamiento, pudiera hacer una apelación ante la División de Apelaciones de Inmigración para demostrar que se ha rehabilitado y de esta manera poder permanecer con su familia en Canadá.
Pero lamentablemente está sucediendo todo lo contrario, ya que a medida que los actos delincuenciales de la comunidad inmigrante disminuyen, el gobierno va imponiendo leyes más restrictivas y severas para deportar a los pocos inmigrantes que cometen delitos a pesar de que en su gran mayoría son personas que se criaron en Canadá y por tanto son producto de la misma sociedad canadiense.
Al hacer esto, el mensaje que nos queda es que para este gobierno pareciera que ser inmigrante es sinónimo de ser mentiroso, fraudulento o delincuente, algo que definitivamente no concuerda con la realidad que se está viviendo en el país.
