En diciembre del año pasado, a un amigo se le subió la presión a 220. Fue inmediatamente hospitalizado y estuvo en el hospital durante dos semanas hasta que los médicos lograron bajarle la presión a un nivel normal. Actualmente está controlando su presión con medicamentos y tiene vigilancia médica periódicamente.
Esta semana fui a representar a un cliente que fue detenido por el Departamento de Inmigración por haberse quedado en Canadá seis semanas más de lo permitido con su permiso de visitante. Este joven tuvo un problema y fue arrestado por la policía, quien lo entregó a Inmigración.
Dado que inicialmente tuvo un problema penal no lo mandaron a un Centro de Detención de Inmigración, sino que a una prisión de seguridad máxima. Cuando llegó a la prisión le hicieron un chequeo médico, que es parte del procedimiento de admisión, y encontraron que tenía la presión a 220 sobre 120. Le administraron suero, lo medicaron por un día y ahí se terminó su tratamiento.
Traigo esto a colación porque el Reporte sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 2015 menciona la falta de atención médica a los detenidos por el Departamento de Inmigración de Canadá como un problema que se debe solucionar.
En nuestro país, de acuerdo a la organización End Immigration Detention Network, por lo menos 15 personas detenidas y bajo custodia del Departamento de Inmigración han muerto desde el año 2000, y en la mayoría de los casos no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.
Dos de estos inmigrantes fallecidos son hispanos: Francisco Javier Romero Astorga, de origen chileno, murió en el Centro de Corrección Maplehurst, en la provincia de Ontario, el domingo 13 de marzo, mientras estaba encarcelado bajo custodia de la CBSA. En diciembre del 2013 también falleció Lucía Vega Jiménez, originaria de México, en el Centro de Detención de Inmigración de Vancouver, ubicado justamente en las instalaciones del aeropuerto. La causa de su muerte fue suicidio, según dieron a conocer en su oportunidad las autoridades migratorias.
El mes pasado, más de 50 personas que se encuentran detenidas por el Departamento de Inmigración en Ontario tomaron parte en una huelga de hambre para protestar por las condiciones bajo las cuales deben vivir en las prisiones. Exigían una reunión con el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, para explicarle su situación, pero su petición no fue atendida.
Sin embargo, como resultado de las protestas y de la amplia cobertura que han brindado los medios de comunicación sobre las condiciones en los Centros de Detenciones de Inmigrantes y en las cárceles de seguridad máxima, así como también sobre las muertes bajo custodia migratoria, el gobierno anunció este 15 de agosto que se ha presupuestado $138 millones de dólares para tratar de resolver las debilidades que existen en el sistema.
El Ministro de Seguridad, quien es el encargado de la Canadian Border Services Agency (CBSA), dijo que se reemplazarán dos centros de detenciones para inmigrantes, uno en Laval, Quebec, y el otro en Vancouver, British Columbia. Aparte del mejoramiento de estos dos centros, también está dentro de los planes el encontrar alternativas a la detención de personas que han infringido a las leyes de inmigración, tales como:
· Reducir el uso de prisiones para la detención de personas que infringieron las leyes de inmigración;
· Darle acceso irrestricto a las agencias de servicios a inmigrantes tales como la Cruz Roja y el Comisionado de Refugio de las Naciones Unidas, así como también a consejeros legales y espirituales para que puedan visitar a los detenidos;
· Incrementar la transparencia sobre el trato y procesos para los detenidos de Inmigración, y
· Mejorar el tratamiento de salud física y mental para los detenidos, entre otros aspectos.
Estas propuestas presentadas por las autoridades canadienses efectivamente son un primer paso muy positivo en la búsqueda de resolver los problemas de los detenidos, sin embargo, lo que me preocupa es que ante tanta insistencia de los medios de comunicación y la huelga de hambre, el Ministro esté tomando nada más medidas reactivas sin estudiarlas detenidamente, y por lo tanto sin asegurarse de que los cambios sean en realidad medidas sustantivas en los procedimientos que tengan resultados positivos de largo alcance.
Las detenciones de inmigrantes definitivamente es una falla estructural del sistema migratorio. Es la manera en que se han venido hacienda las cosas desde siempre y lamentablemente no ha habido un análisis objetivo del tratamiento que se le da a los detenidos, no sólo en las cárceles comunes sino que también en los Centros de Detención de Inmigración.
No es necesario hacer un gran análisis para determinar que hay situaciones que no requieren que una persona permanezca detenida, sin embargo, una vez que son capturadas tienen que pasar por todos los procesos establecidos y regirse por las reglas del proceso de detención. Y el problema en estas situaciones se agrava cuando un detenido por razones migratorias es llevado a las cárceles comunes, parece que al final la persona queda detenida en una especie de frontera, de zona gris entre las responsabilidades de las autoridades de Inmigración y las responsabilidades de las autoridades carcelarias, donde no se sabe claramente quién es el responsable de qué en relación al detenido.
En toda esta problemática, uno de los problemas que hasta el momento no cubren las reformas propuestas por el Ministro Goodale es que haya un cuerpo que regule a la CBSA, así como tampoco plantea la creación de un mecanismo de quejas que le permita a las personas afectadas encontrar soluciones cuando existen problemas o abusos generados por la agencia de servicios fronterizos.
¿Qué podemos hacer entonces como inmigrantes para tratar de que se busquen e implementen las soluciones adecuadas a esta problemática?
Primero, hay que tener claro que la razón por lo cual el gobierno está dispuesto a implementar cambios en esta área es por las demostraciones y cabildeo que se ha hecho con respecto al tema. En este sentido, es de suma importancia que las comunidades inmigrantes nos pronunciemos ante esta situación.
También, es imprescindible entender que los detenidos en prisiones por no cumplir con los reglamentos de Inmigración en su mayoría son personas pacíficas y no criminales que pudieran causar daños a los ciudadanos, y que por lo tanto el hecho de que los encierren en cárceles comunes con delincuentes violentos, así como también que los traten como delincuentes, es un castigo que excede gravemente la falta que han cometido.
