Estas son las medidas que Canadá tomará contra los falsos consultores de inmigración

La legislación propuesta duplicará la sanción monetaria actual por los delitos de fraude

por Nuestra Redacción
Montreal · Publicado el: 05/28/2019

Mediante un comunicado, el Gobierno de Canadá informó que está tomando medidas decisivas para pedir cuentas a los consultores de Inmigración y Ciudadanía, mejorando la supervisión, fortaleciendo el cumplimiento y aumentando la responsabilidad para proteger al público de consultores deshonestos que se aprovechan de las personas vulnerables.

“Estos cambios protegerán tanto a los canadienses como a los inmigrantes, así como a los muchos consultores de buena reputación que brindan servicios de inmigración y ciudadanía de manera ética y profesional. Es hora de poner fin a una era de aquellos que se aprovechan de personas indefensas", enfatizó Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

La legislación propuesta, incluida en la Ley de Implementación del Presupuesto 2019 (Budget 2019), creará un nuevo marco legal para regular a los consultores de inmigración y ciudadanía, convirtiendo al Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (ICCRC) en la entidad oficial que regulará a los consultores en todo el país.

“Los consultores de inmigración poco éticos brindan servicios de inmigración costosos y fraudulentos al público, al tiempo que dan malos consejos y cobran tarifas más altas. Hemos visto el impacto devastador de esta práctica en algunos de nuestros clientes", señaló Naveed Chaudhry, Director Ejecutivo, Peel Multicultural Council.


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ICCRC encabezará las medidas

La legislación propuesta otorgará al ICCRC la posibilidad de ingresar a las instalaciones de un consultor para investigar cuándo sospecha de irregularidad y la capacidad de solicitar acciones judiciales contra consultores no autorizados.

Para castigar y disuadir el comportamiento ilegal, la legislación propuesta también duplicará la sanción monetaria actual por los delitos y otorgará una nueva autoridad al Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía para establecer sanciones administrativas destinadas al cumplimiento de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados y la Ley de Ciudadanía.

Además, el Gobierno colaborará estrechamente con ICCRC para:

  • implementar cursos de capacitación obligatorios y sólidos para aquellos que deseen obtener una licencia de consultoría de inmigración y ciudadanía
  • introducir transparencia en las tarifas; establecer un mejor sistema para que las personas formulen quejas formales
  • crear un fondo de compensación a las víctimas.

Finalmente, el Gobierno realizará actividades de concientización pública, incluido el establecimiento de funcionarios de alcance comunitario en las oficinas de visas en el extranjero, para ayudar a evitar que las personas susceptibles sean víctimas de prácticas de consultoría fraudulentas.

El presupuesto 2019 propone $51.9 millones en 5 años, y $10.1 millones por año en curso para alentar el cumplimiento y disuadir actividades delictivas; concentrar más recursos en la aplicación de las disposiciones relativas al asesoramiento y la representación de inmigración; introducir un nuevo régimen administrativo de sanciones y prohibiciones monetarias; y participar en actividades destinadas a sensibilizar al público.

 

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Para castigar y disuadir el comportamiento ilegal, la legislación propuesta también duplicará la sanción monetaria actual por los delitos y otorgará una nueva autoridad al Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía para establecer sanciones administrativas destinadas al cumplimiento de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados y la Ley de Ciudadanía.

Además, el Gobierno colaborará estrechamente con ICCRC para:

  • implementar cursos de capacitación obligatorios y sólidos para aquellos que deseen obtener una licencia de consultoría de inmigración y ciudadanía
  • introducir transparencia en las tarifas; establecer un mejor sistema para que las personas formulen quejas formales
  • crear un fondo de compensación a las víctimas.

Finalmente, el Gobierno realizará actividades de concientización pública, incluido el establecimiento de funcionarios de alcance comunitario en las oficinas de visas en el extranjero, para ayudar a evitar que las personas susceptibles sean víctimas de prácticas de consultoría fraudulentas.

El presupuesto 2019 propone $51.9 millones en 5 años, y $10.1 millones por año en curso para alentar el cumplimiento y disuadir actividades delictivas; concentrar más recursos en la aplicación de las disposiciones relativas al asesoramiento y la representación de inmigración; introducir un nuevo régimen administrativo de sanciones y prohibiciones monetarias; y participar en actividades destinadas a sensibilizar al público.

 

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