La semana pasada se celebró en todo el país el Día de los Derechos de los Refugiados, una celebración que busca resaltar los derechos que poseen en el país aquellas personas que por razones de raza, religión, credo político o violencia intrafamiliar, entre otros factores, debieron abandonar sus países de origen y refugiarse bajo la protección canadiense.
Esta celebración se lleva a cabo el 4 de Abril de cada año, dado que fue un 4 de abril de 1985 que la Corte Suprema de Justicia de Canadá reconoció los derechos que tienen todos los solicitantes de refugio en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades del país.
Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Canadá es conocida como la “decisión Singh”, en reconocimiento a siete demandantes, seis de los cuales eran de apellido Singh, quienes eran ciudadanos de la India que solicitaban el estatus de refugiado por Convención sobre la base de su temor de persecución por las autoridades indias, como consecuencia de sus creencias y actividades políticas. La séptima persona demandante era una ciudadana de Guyana cuya petición de refugio se basaba en temores de ser perseguida por motivos raciales, religiosos y políticos en su país de origen.
Yo recuerdo perfectamente esa fecha dado que en la oficina donde trabajaba en ese entonces nos volvimos locos enviando solicitudes y trabajamos toda la semana para poder reabrir los casos que habían sido denegados por razones similares a las presentadas por los Singh.
En resumen, la sentencia de la Corte Suprema estableció que los refugiados tenían los mismos derechos que tiene cualquier otra persona que se encuentre en suelo canadiense, que están protegidos por la constitución canadiense, por el Acta de Derechos y Libertados, y que por tanto eso les daba el derecho a tener una audiencia ante la persona que iba a escuchar o a tomar la decisión sobre su caso.
Porque ese era básicamente el problema, determinar si el proceso de determinación de refugiados existente en ese momento era válido, dado que no necesariamente proveía al demandante con una audiencia oral. Los demandantes alegaron que este proceso violaba leyes de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms) y de la Carta Canadiense de Derechos (Canadian Bill of Rights).
Y la Corte Suprema determinó que el proceso existente en ese momento efectivamente violaba las leyes canadiense, y ese fue el precedente legal que cambio la Ley de Refugio y creó el programa de refugio en Canadá.
Pero nadie se podía esperar que después de 28 años de haberse establecido esos derechos para las personas que llegaban pidiendo protección en Canadá, esos derechos fundamentales de los refugiados iban a caer al punto más bajo como al que han caído hoy con todas las medidas que ha implementado el gobierno del Partido Conservador a través de su Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Jason Kenney.
Para los profesionales que trabajamos en el área de inmigración, así como también para todos los periodistas, es ampliamente conocido que el Ministro Kenney brinda información diariamente sobre las medidas que está tomando en el tema migratorio, o sobre las celebraciones que se llevan a cabo en el país y en el mundo. Diariamente divulga comunicados de prensa sobre estos tópicos, sin embargo, el pasado cuatro de abril no hubo ningún comunicado en relación al Día de los Derechos de los Refugiados, lo cual nos da una pauta muy clara acerca de la posición que tiene el actual gobierno en relación con los refugiados que llegan a Canadá y sus derechos.
Es más, como punto irónico, Legal Aid Ontario, que es la oficina gubernamental que ofrece una amplia gama de servicios legales a las personas de bajos ingresos, entre ellos servicios legales para temas migratorios, ese mismo día 4 de abril anunció que a los solicitantes de refugio que lleguen a Canadá provenientes de países designados como seguros por el gobierno canadiense, se les va a negar la posibilidad de obtener asistencia legal.
Definitivamente es irónico cómo después de una victoria tan importante como la que se logró con la Decisión Singh ante la Corte Suprema de Justicia en 1985, todos esos derechos que se obtuvieron para los refugiados hayan venido en un franco declive hasta llegar al punto de que hoy, 28 años después, a los refugiados se les niegue el derecho a la salud, se les niegue un permiso de trabajo, se les niegue la posibilidad de poder hacer la presentación de su caso de una manera justa, y se les niegue la posibilidad de prepararse bien y obtener la documentación adecuada antes de presentar sus casos.
Porque con las nuevas medidas implementadas por el Ministerio de Inmigración a partir de este año, es prácticamente imposible, particularmente para las personas que vienen de países designados como seguros, contar con un proceso justo que determine si efectivamente necesitan protección del estado canadiense.
28 años después de la Decisión Singh, es más que evidente que el sistema de refugio canadiense ha retrocedido de forma sustancial, aminorando los derechos de las personas que vienen a solicitar refugio al país. Los procedimientos que se están haciendo ahora son injustos, van en contra de la Decisión Singh, le están quitando derechos a los refugiados, incluida la asesoría legal, sobre todo a aquellas personas que provienen de países designados, que son efectivamente las personas que más ayuda necesitan porque son los casos que van a ser procesados más rápidamente, y porque son los casos que ahora han perdido derecho a una apelación ante la División de Apelaciones de Inmigración.
Solo queda esperar que se pueda ejercer suficiente presión con nuevos casos se injusticia en contra de los refugiados ante la Corte Suprema, y que se ganen nuevas batallas legales que logren cambiar las leyes así como se hizo con la Decisión Singh en el año 1985.
