Por Vilma Filici
Foto: Georgia Straight
La semana pasada se conoció que la Corte Federal de Canadá había declarado como inconstitucional otra de las prácticas que fueron implementadas por el gobierno anterior en materia migratoria, en la cual se discriminaba a las personas que venían a pedir refugio y eran procedentes de países que se encontraban en la conocida lista de “países designados”.
Básicamente las personas que llegaban de países que se encuentra en esta lista perdían derechos que se les da a los refugiados de otros países. De Latinoamérica, en esa lista se encuentran Chile y México.
Estas personas, procedentes de dichos países, que pedían refugio en Canadá no tenían derecho a hacer una solicitud del Pre-Removal Risk Assessment, conocido como PRRA, la cual se hace al final de todos los procesos, cuando la persona ya está lista para abandonar el país, mediante la cual se busca demostrar que se corre riesgo si se es regresado a su país de origen.
Normalmente, cualquier persona que está siendo sacada del país puede hacer una solicitud de PRRA para evaluar los riesgos que corre si regresa a su país. Pero el anterior gobierno conservador impuso una ley, el 15 de diciembre del 2012, en la que se establece que
“los refugiados no pueden hacer esa solicitud si no han pasado 12 meses desde el momento en que pierden su caso de refugio, en el caso de las personas que vienen de los “países designados” esta solicitud de riesgo no podía hacerse antes de que pasaran 36 meses a partir de que perdían el caso de refugio”
La semana pasada, lo que dijo la Corte es que no es justo que se discrimine en contra de las personas que vienen de esos países y que no se justifica el trato diferente que se les da. Y esta es una de las últimas decisiones con respecto a las medidas que se tomaron en diciembre del 2012.
Antecedentes
Para hacer un poco de historia, en el momento en que se aprobaron las nuevas medidas en diciembre del 2012 sobre cómo se iban a procesar los casos de refugiados, se les había quitado el derecho a beneficios de salud y se les había quitado el derecho a trabajar, y las personas que venían de los “países designados” no tenían derecho a hacer una apelación ante la División de Apelaciones de Refugio.
Todas estas medidas fueron llevadas ante la Corte por la Asociación de Derechos Civiles y la Asociación de Abogados de Refugio, e interesantemente en cada una de estas decisiones la Corte Federal llegó al mismo fallo: que iban en contra de la Constitución y en contra de la Carta de Deberes y Derechos del Ciudadano.
Durante el gobierno anterior, cuando la Asociación de Abogados de Refugio ganó las decisiones ante la Corte Federal, el gobierno las apeló ante la Corte Suprema de Canadá, pero al llegar el nuevo gobierno quitó las apelaciones y le dieron seguimiento a los dictámenes de la Corte Federal. Personalmente no creo que eso haya sido necesariamente porque querían respetar los derechos de los refugiados sino más bien creo que fue porque era demasiado claro que constituían medidas en contra de la Constitución y que de todas maneras iban a perder el caso en la Corte Suprema.
Estamos viendo que ahora, por suerte, la Asociación de Libertades Civiles y la Asociación de Abogados de Inmigración siguen batallando en contra de estas medidas injustas, y esta es una de las últimas peleas en la Corte que ha sido victoriosa.
