Foto: SA Express
Recientemente se conoció a través de los medios de comunicación que a un consultor de inmigración de origen hispano que reside y trabaja en la ciudad de Vancouver le presentaron cargos criminales. Al parecer, esta persona, a través de los años, presentó documentación fraudulenta en solicitudes de visas de residencia temporal, específicamente estados de cuenta falsos.
Hay que tener en cuenta que cuando se hace una solicitud para recibir una visa de residencia temporal, el establecimiento del solicitante en el país de origen es prácticamente determinante para que le den o no esa visa. Normalmente se tiene que presentar cartas de empleo, estados financieros, documentación para demostrar que tienen propiedades, negocios y responsabilidades que los forzarán a regresar a su país de origen.
Según las noticias, este consultor presentó documentación fraudulenta en por lo menos diez procesos migratorios. No obstante, hay que aclarar que hasta el momento solo se le han presentado cargos y aún no ha sido declarado culpable.
Lo que hizo esta persona sin lugar a duda es algo completamente inapropiado, porque para los consultores y para los abogados de inmigración hay reglas muy específicas que los rigen. Hay que recordar que los abogados y los consultores son también agentes de la Corte, que, si bien trabajan para el cliente, también son considerados como agentes de los tribunales y, en este caso, de las oficinas de inmigración, y como tal tienen que respetar los procesos.
De hecho, la ley de Inmigración dice que cualquier persona que con conocimiento aconseja, ayuda o intenta aconsejar o ayudar a inducir a una persona directa o indirectamente a dar declaraciones fraudulentas, y en este caso documentación fraudulenta, o no da información relevante al proceso que se está llevando, es culpable de una ofensa.
Otra sección de la ley también dice que ninguna persona puede directa o indirectamente dar declaraciones fraudulentas que son relevantes a un proceso, y que pueden llevar a un oficial de inmigración a dar una decisión incorrecta. Tampoco pueden comunicar directa o indirectamente en cualquier tipo de forma falsedades o declaraciones fraudulentas para inducir a un oficial de inmigración a tomar una decisión.
La ley dice claramente que cualquier persona que sea encontrada culpable de cualquiera de estos actos puede recibir hasta cinco años de cárcel o tener una multa de hasta cien mil dólares, dependiendo del tipo de contravención a la ley que cometa. Porque hay dos tipos de violaciones y por tanto dos formas de proceder: una es procesable y la otra de sumario
La primera es para los casos más serio, y a estas personas les pueden aplicar cinco años de cárcel o hasta cien mil dorales de multa, pero si la ofensa es menos seria le pueden aplicar dos años de cárcel o cincuenta mil dólares de multa. Y estos son cargos bajo la ley de inmigración, pero también se le pueden hacer cargos penales. A esto es a lo que se va a enfrentar este consultor hispano en Vancouver, que de ser encontrado culpable va a tener que pasar un tiempo tras las rejas.
Esta es una situación bastante delicada, y como profesionales hay que tener la claridad mental y ser lo suficientemente integro para decirle al cliente que hay ciertas cosas que no las podemos hacer, e incluso en algunas circunstancias decirle que no se le puede tomar el caso. Porque si uno se da cuenta que el cliente va a mentir o que va a presentar información fraudulenta o documentos fraudulentos, y continua con el caso, uno se está implicando en un delito que lo puede llevar a la cárcel o a perder la licencia, que es nuestra fuente de trabajo.
Además, un consultor de inmigración no solamente tiene que respetar el Acta de Inmigración y los Reglamentos, sino que también tiene que respetar el Código de Ética Profesional bajo el cual se trabaja, y este código también es muy claro de que no se puede presentar documentación fraudulenta, y de que en el momento que esto se haga, o que sabiéndolo proporcione información que no es correcta, eso es motivo para una suspensión de la licencia y para una posible revocatoria de la misma.
En general todo mundo habla de protección al cliente, al consumidor, pero la realidad es que hay muchas situaciones en que los clientes vienen y le dicen a uno exactamente lo que piensan hacer, tratando de forzar al profesional a cometer un delito, pero uno tiene la opción de cometer ese delito o de sencillamente no tomar el caso.
A mi oficina con frecuencia han venido personas que me dicen que les parezco una persona tan buena que me van a decir la verdad de lo que quieren hacer, me dicen por ejemplo que su amigo se va a casar con ella para que pueda obtener la residencia, o que le va a pagar una cantidad “x” de dinero a alguien para que le de los papeles. Ese es el momento preciso en que uno pierde al cliente porque no se pude tomar el caso si uno sabe que esa no es una relación verdadera. Si lo toma, estaría ayudando a la persona a mentirle a Inmigración.
Tengo un caso que nunca lo voy a olvidar. En las leyes migratorios hay un apartado que establece que uno debe ejercitar las investigaciones necesarias para asegurarse que la documentación que va a presentar el cliente no es falsa, y si uno puede demostrar que hizo las investigaciones necesarias, pero que se le pasó la documentación sin darse cuenta de que era documentación fraudulenta, entonces hay una defensa ante cualquier tipo de acusación de haber cometido un delito.
Pues este caso que les cuento sucedió en un periodo en que en Inmigración pesaba mucho tener un familiar en Canadá para poder inmigrar, dado que daba mucho puntaje. Llegó un señor que quería inmigrar como trabajador calificado y cuando le hice la evaluación me dijo que tenía un tío en Canadá. Y la presencia de su tío en el país le deba 15 puntos adicionales de los 67 que necesitaba.
Yo asumí que efectivamente tenía ese tío y le di el puntaje al momento de hacer la evaluación, y cuando hicimos la preparación del caso el señor me trajo tres documentos: el certificado de nacimiento del padre, el certificado de nacimiento del tío y su propio certificado de nacimiento para comprobar la relación.
Revisé los tres documentos y resulta que los tres venían exactamente en el mismo tipo de papel, escritos a mano con exactamente la misma letra y la misma tinta, y los documentos estaban emitidos consecutivamente: por ejemplo 1412, 1413 y 1414. Pero después, cuando se veía la fecha de emisión, uno había sido emitido hace 30 años, el otro hace 60 años y el tercero hace 65 años.
Obviamente la documentación era falsa y cualquier persona, aunque no estuviera entrenada en detectar este tipo de documentación falsa, se podía dar cuenta. En ese momento le dije al cliente que lo sentía mucho pero que no podía seguir con el caso porque obviamente él no tenía un tío en Canadá, y que la documentación era falsa. El cliente se hizo el ofendido, se fue y nunca regresó. Yo hubiese sido completamente negligente si no me hubiese dado cuenta de eso y si no hubiera rechazado participar en ese fraude.
Las consecuencias para los consultores y abogados de inmigración realmente son graves si no se tiene ética en el desempeño de la profesión, pero también son graves para los clientes que buscan engañar al sistema migratorio canadiense.
Por ejemplo, en el caso de Vancouver, al cliente se le va a rechazar la solicitud y se le va a acusar de haber dado declaraciones fraudulentas, y esa persona estará penalizada durante cinco años a no poder hacer ningún trámite de inmigración. Y obviamente después de los cinco años el escrutinio para cualquier tipo de solicitud que haga esa persona va a ser sumamente elevado y las oportunidades de que le den algún tipo de documentos va a ser mínima.
