La Corte Superior de Ontario dictaminó el fin de semana que prohibir votar en las elecciones federales a los ciudadanos canadienses que se encuentran fuera del país por más de cinco años es una injusticia, tirando por la borda una ley implementada hace varios años.
En sus argumentos, el gobierno dijo que el permitirle votar a los ciudadanos canadienses que no residen permanentemente en Canadá es injusto en relación con quienes sí viven en el país y que están al tanto de la vida diaria canadiense. Sin embargo, la Corte dictaminó que este argumento no era lo suficiente persuasivo, y que los ciudadanos canadienses tienen el derecho constitucional de votar aun si se encuentran fuera del país dado que la ley no dicta que la persona tenga que estar residiendo dentro de Canadá para poder emitir su sufragio. La ley solamente dice que la persona deba ser ciudadano.
En este sentido, prohibirles el voto va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos canadienses, dijo la Corte, coincidentemente en una semana en que comienzan en el Parlamento Federal las ponencias con respecto al proyecto de Ley C-24 que fue presentado en febrero del 2014, el cual es considerado inconstitucional por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. De ser aprobada, esta legislación va a quitarle muchos derechos constitucionales a los ciudadanos canadienses.
Entre otras cosas, en su propuesta el gobierno quiere que en ciertas instancias un Oficial de ciudadanía pueda determinar si una persona puede seguir siendo ciudadano canadiense o no, dependiendo de la interpretación que haga de si en el momento que el ciudadano hizo su petición tenía la intención verdadera de permanecer o no en el país.
En el caso resuelto por la Corte de Ontario, los demandantes fueron dos personas que se hicieron ciudadanas canadienses y que se encontraban fuera del país por razones de estudio y de oportunidades de empleo, y que consideran que tienen lazos muy fuertes con Canadá y quieren tener su futuro en Canadá.
Si la Ley C-24 estuviera vigente en este momento, probablemente a estas dos personas les hubiesen quitado su ciudadanía porque un Oficial podría haber llegado al fallo de que cuando ellos se hicieron ciudadanos no tenían la intención de vivir para siempre en Canadá ya que se fueron a estudiar y a trabajar en el exterior. Y aquí es importante tener en cuenta que hasta este momento justamente la ley le da al ciudadano la posibilidad de salir y regresar al país si tiene mejores posibilidades de trabajo o educación en otro lugar.
Pero todavía es más grave la sección de ley que permitirá que si a una persona le quitan la ciudadanía porque un Oficial decide que la persona no tenía la intención real de vivir en Canadá para siempre en el momento de jurar como ciudadana, no va a tener ningún derecho a apelar. El proceso sería simplemente una revisión por escrito hecha por un burócrata trabajando bajo la Dirección del Ministro de Ciudadanía e Inmigración, sin la participación de ningún juez.
En contraste, un ciudadano canadiense nacido en Canadá nunca va a tener que preocuparse si tiene que salir del país para ir a trabajar o a estudiar a otro lugar, situación que hace que el ciudadano canadiense naturalizado pase a ser un ciudadano de segunda categoría.
También, bajo la nueva ley C-24 se le va a poder quitar la ciudadanía a un ciudadano canadiense si comete un crimen fuera del país, sin importar si el régimen judicial bajo el cual la persona fue juzgada fuera de Canadá es de un país democrático o si no tiene reglas de democracia.
Otro de los cambios en la nueva propuesta de ley es una sección que busca extender el tiempo que el residente permanente debe vivir en el país para obtener la ciudadanía. Lo quieren extender de tres a cuatro años en un periodo de cuatro a seis años.
Pero los cambios no quedan ahí. En estos momentos, cuando una persona solicita su residencia permanente estando dentro de Canadá (como es el caso de los trabajadores temporales, los estudiantes, refugiados y personas que se casan dentro del país) se les confiere un año de residencia que cuenta en el conteo para obtener la ciudadanía canadiense, lo cual permite que pueda tramitar su ciudanía en dos años. Pero con los cambios propuestos esa posibilidad se elimina y todo solicitante tiene que estar viviendo físicamente en Canadá como residente permanente durante cuatro años.
En estos momentos ya se puede observar que hay una desventaja para las personas mayores de edad, refugiados y para quienes no se pueden comunicar muy bien en inglés, puesto que ya se ha impuesto un requisito de idioma. Entonces, muchísimas de estas personas que ya están en desventaja van a estar aun en mayor desventaja en el momento en que se apruebe la nueva legislación.
Pero precisamente esta semana comienzan las ponencias ante el Comité de Ciudadanía e Inmigración que está revisando esta nueva legislación, y hay campañas muy importantes en contra de la misma. Abogados de inmigración y refugio están haciendo sus presentaciones en contra de esta Ley C-24, y se espera que las quejas y propuesta de modificación sean aceptadas. Una de las campañas se llama The Citizens Campaign (http://www.thecitizenscampaign.org), y la otra se llama Fair Citizenship Campaign (http://faircitizenshipcampaign.ca), en la cual hay una petición en la web (http://www.change.org/en-CA/petitions/withdraw-bill-c-24-honour-the-charter-or-rights-freedoms) para que las personas que crean que la ley C-24 no debe ser aprobada, que crean que esta ley va en contra de los derechos fundamentales o que crean que particularmente van a ser afectadas de manera negativa, la firmen y escriban sus comentarios.
Todas estas firmas y comentarios van a ser enviados al gobierno con la esperanza de que haya cambios positivos a este ley draconiana, la cual va a tener un efecto muy negativo para los ciudadanos que tengan doble ciudadanía, como es el caso de todos los inmigrantes.
