TORONTO. La semana pasada recibí una carta del Departamento de Inmigración en relación con uno de mis clientes. El oficial de Inmigración está haciendo un pedido que, al hacer un análisis, no tiene sentido dado que el requisito que plantea no existe bajo los reglamentos del programa por el cual mi cliente está procesando su solicitud.
Después de mucha investigación y de consultas con otros colegas respecto al caso, la conclusión final es que el Oficial está equivocado en lo que está pidiendo. Sin embargo, la otra opción también podría ser que ha habido un cambio en la política de procesamiento de ese tipo de casos que no ha sido anunciado, y que podría culminar en que a mi cliente se le llame a Inmigración y se le dé una orden de salida junto a toda su familia.
Esto lamentablemente es posible dado que en los últimos tiempos trabajar con el Departamento de Inmigración se ha convertido en una especie de juego con alguien que está cambiando las reglas constantemente.
Bajo las políticas y reglamentos actuales, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las políticas y de acuerdo a los procedimientos, cuando se hace una solicitud para residencia permanente o para residencia temporal, la persona tiene una “expectativa legítima” respecto a su caso. Sin embargo, con todos los cambios que se han dado y de la manera que está funcionando actualmente el Departamento de Inmigración a todo nivel, realmente ya no se puede contar con esa expectativa legítima dado que los procedimientos más parecen una lotería para ver si se va a llegar al final o no.
Tenemos el ejemplo de las 300 mil solicitudes de trabajadores calificados que, para poder lidiar con un inventario de casos atrasados, el Ministerio de Inmigración las canceló todas y les regresó el dinero a los solicitantes.
Las expectativas legítimas de estas personas eran que al presentar su solicitud, al pagar el dinero, al haberse asegurado que llegaban al puntaje necesario y que tenían toda la documentación en regla, sus casos iban a ser procesados. Pero esto no sucedió, se llevaron casos ante la Corte y lamentablemente los jueces validaron la decisión tomada por el gobierno.
Otro ejemplo de cómo los cambios de política afectan a las personas cuyos casos están en proceso son los de quienes han presentado sus solicitudes para la ciudadanía. Típicamente el proceso para la ciudadanía tomaba un año o un año y medio, a menos que hubiese problemas.
Sin embargo, en los últimos años el Ministro de Inmigración decidió que era necesario hacer una investigación más profunda de un gran número de casos de personas que estaban haciendo dicho trámite, y en este momento lamentablemente no tenemos el menor indicio de cuánto tiempo puede tomar este tipo de procesos. Puede ser un año si no hay ningún problema, pero también pueden ser dos, tres o cuatro años, dependiendo de lo que se le ocurra al Oficial de ciudadanía pedirle al cliente en el momento que va a la entrevista o a hacer su examen de ciudadanía.
En muchos casos la persona va entusiasmada a hacer su examen de ciudadanía y piensa que en una cuestión de meses va a ser llamado para el juramento, pero se encuentra con que le dan un formulario enorme donde tiene que poner detalles de su vida desde que llegó a Canadá, y una lista también enorme de documentos que tiene que preparar y enviar al Departamento de Ciudadanía. Esto obviamente atrasa muchísimo el proceso así como también los planes de la persona.
Otra situación que estamos viendo es el cambio de ley que va a afectar a los jóvenes mayores de 19 años cuyas familias quieran hacer o estén haciendo un trámite de residencia como trabajador calificado o cualquier otro programa, porque a partir de enero del 2014 los hijos mayores de 19 años, no importa si son estudiantes o no o si son dependientes o no, quedarán fuera de las posibilidades de venir a Canadá como dependientes de esos padres.
Esto definitivamente va a tener un efecto importante y en muchos casos prohibitivo para que muchas familias puedan terminar el proceso y llegar a Canadá, dado que van a tener que decidir si venir o no a este país dejando en su país de origen a alguno de sus hijos.
Otra situación que es muy preocupante es el hecho de que el gobierno haya introducido un sistema de cuotas para casi todos los programas de inmigración. El problema no es la cuota en sí, sino el hecho de que aquí también tenemos que jugar un juego de adivinanzas ya que no existe un sistema que proporcione el número cierto de solicitudes que ha entrado para las distintas categorías de inmigrantes.
Esto implica que una persona puede presentar un caso, por ejemplo como trabajador calificado, y encontrarse con la sorpresa de que en un par de semanas todo el paquete con su solitud le sea devuelto porque la cuota para este programa ya había sido completada.
Uno puede ver el número de solicitudes que han entrado por programa yendo al sitio web del Departamento de Inmigración, pero el problema es que ellos mismos han dicho que esta información no está al día y por tanto uno nunca sabe si la solicitud va a llegar a o no antes de que se llene esta cuota.
Esto es ahora lo más común para los casos de trabajadores calificados y para los casos de negocios, y lo será también para los casos de patrocinios de padres y abuelos a partir de enero del próximo año.
Definitivamente creo que por una cuestión de justicia hacia las personas que quieren inmigrar al país, el gobierno debería asegurarse de dar notificaciones con bastante tiempo para que las personas puedan hacer sus cálculos y sus planes de acuerdo a la realidad en términos de procesamiento. Y de la misma manera, que hubiera un sistema justo y seguro en términos del número de solicitantes que se van admitiendo, para que una persona no tenga que estar gastando dinero, tiempo y salud en hacer un proceso que no tiene posibilidades de siquiera colocarlo en la lista para poder ser procesado.
